Todos los argumentos de la Junta para oponerse al cierre de la central de Velilla

La Junta de Castilla y León lamenta la forma inesperada con que se ha hecho ese anuncio de cierre, sin ninguna información y explicación anterior por la empresa, ampliando así la alarma generada. Preocupa extraordinariamente que esto haya sucedido además pocos meses después de que también por sorpresa Iberdrola anunciara que no consideraba rentable la reapertura de la Central Nuclear de Garoña, y pidiera públicamente a Endesa desistir de la solicitud de renovación formulada tres años antes y proceder al cierre definitivo de la Central.

Esta sucesión de anuncios de cierre han venido a romper una trayectoria impecable de relación institucional entre Iberdrola y la Junta de Castilla y León. Son muy importantes los vínculos de la Comunidad con esta empresa eléctrica, la presencia y actividad de ésta en Castilla y León, y los proyectos de colaboración energéticos y sociales.

Las empresas tienen derecho a tomar las decisiones que crean mejores para sus intereses. Pero los Gobiernos tienen obligaciones y responsabilidades. Es evidente que la política energética de España, su planificación, desarrollo y seguridad, no puede depender de decisiones empresariales unilaterales, aisladas e imprevistas, cuando lo que se pone en juego es la propia competitividad del país, su mayor o menor dependencia energética, y al fin el interés de familias y empresas.

Por ello, la Junta de Castilla y León apoya plenamente la actuación del Ministro de impulsar el endurecimiento de las exigencias normativas para el cierre de Centrales de producción eléctrica. Algo que como es evidente no se puede justificar sólo alegando la seguridad del suministro, sino que exige también tener en cuenta los efectos de todas esas decisiones de cierre sobre la propia planificación energética, la competencia en el mercado, y las obligaciones medioambientales. Y por supuesto también el precio de la electricidad, para evitar que detrás de estas decisiones se esconda la voluntad de encarecerlo.

Además, la obligación de Castilla y León como Comunidad es evitar el gravísimo impacto económico y social inmediato que estos cierres producen siempre en las zonas afectadas. En este caso, aunque la empresa recoloque a los 80 empleados directos de Velilla en el desmantelamiento (cuatro años) y en otras instalaciones, el impacto va a ser devastador porque:
- Existen otros 200 empleos indirectos que van a perderse.
- Se perjudica a la minería del carbón autóctono, y a las empresas que suministran la caliza para la desulfuración, que van a perder su cliente más importante.
- Serán también inmediatas las consecuencias sobre el empleo inducido (hostelería, transporte, comercio, y otros ámbitos) de todo el norte de Palencia.
- Se condena al declive y la despoblación a los municipios de la zona, que por su situación geográfica tienen muy difícil sustituir el efecto económico de la Central por otras actividades económicas, no digamos ya industriales, lo que además hace imposible un cierre tan inmediato. Los planes de  dinamización que estamos impulsando pueden ser paliativos, pero sobre todo a corto plazo no evitarán lo inevitable.

Castilla y León está comprometida en la lucha contra el cambio climático: un objetivo irrenunciable para todas las políticas de la Junta. En este sentido que nadie tenga duda: todos somos igualmente verdes.
- Castilla y León cuenta con una estrategia propia de cambio climático, y está elaborando ahora una estrategia de eficiencia energética, alineadas con los planes de la UE.
- Es la Comunidad que más energías renovables produce en España: +/- el 22%.
- Es la Comunidad cuyos bosques más contribuyen a fijar CO2: 16,9 M de toneladas al año (datos de 2013, últimos disponibles a partir del Inventario Forestal), casi el 20% del total nacional.

Castilla y León coincide con el Ministro en que para avanzar hacia ese objetivo es imprescindible una transición energética ordenada. No es casual que la Ley en la que trabaja el Gobierno aúne los dos conceptos: “cambio climático y transición energética”.

La lucha contra el cambio climático debe ser firme pero también inteligente y humana. No se puede por precipitación admitir que se produzcan daños colaterales muy graves y evitables. Hacen falta plazos y previsiones razonables. Todos los sectores industriales que se han acabado desmantelando en España han tenido un proceso de reconversión. La Junta coincide plenamente con el Ministerio en buscar la forma de cumplir los objetivos y compromisos en materia de cambio climático de la manera más eficiente posible, con el menor coste, considerando los impactos ambientales pero también los
socioeconómicos.

En esa transición energética ordenada, que sobre todo es una obligación y competencia de los poderes públicos, se parte de dos hechos objetivos, que han quedado demostrados este año:
- La excesiva dependencia exterior de España en materia energética.
- Las energías renovables son sin duda las mejores, pero no garantizan el suministro en todas las condiciones metereológicas.

Pues bien, entre las fuentes de respaldo, el carbón (y particularmente el autóctono, cada vez más eficiente y competitivo, y cuya disponibilidad sólo depende de nosotros) proporciona mayor seguridad de suministro que el gas (que se importa desde países o por medios con alto riesgo geopolítico).

Por eso es razonable, siguiendo el ejemplo de importantes países de la UE, mantener Centrales térmicas y minas nacionales en activo suficientes para que un porcentaje (la propuesta de Castilla y León es el 4%) de la generación en España sea a partir de carbón autóctono. Con ello, España ganaría estratégicamente, y las zonas mineras tendrían garantizada una base de actividad para sobrevivir. En el caso de Castilla y León, sería en Velilla, y también en La Robla y en Compostilla, así como en sus zonas de influencia.

En todo caso hay que tener en cuenta otras dos cosas:
- La sustitución de las actuales Centrales de carbón por las de gas no sería inmediata ni fácil. Los límites de la Red de transporte de electricidad exigirían construir nuevas Centrales de ciclo combinado, en especial en el noroeste de España, de muy larga amortización.
- Es más lógico mantener operativas algunas Centrales de carbón (por ejemplo las que se adaptaron en 2008 a las Directivas UE, instalando plantas desulfuradoras) que invertir en nuevas Centrales de gas, que seguirían emitiendo CO2 (aunque menos), pero requerirían operar hasta 2050 para amortizarse.

La Junta de Castilla y León pide a Iberdrola que rectifique.
Que tome una decisión similar a la de Gas Natural Fenosa sobre el Grupo 2 de la Central de La Robla (que está en situación similar al Grupo 2 de Velilla): invertir en una planta de desnitrificación que permita a la Central cumplir los requisitos de la Directiva de Emisiones Industriales desde el 30 de junio de 2020, y los futuros de mejor tecnología disponible desde 2021, manteniendo la Central operativa al menos hasta el año 2030.
- No es razonable alegar objetivos medioambientales previstos para el año 2030 como justificación de una decisión de cierre inmediato. Y menos aun cuando esos objetivos son de reducción, y no de eliminación total.
- No tiene sentido desaprovechar las importantes inversiones ya efectuadas. Velilla fue la primera Central térmica de Iberdrola que obtuvo la certificación de calidad de AENOR en 2004. Tras diversas mejoras para reducir emisiones, en 2008 hizo una fuerte inversión en una planta desulfuradora. Y se tiene conocimiento de otras mejoras en el Grupo 2 para reducir sus emisiones de óxido de nitrógeno.

La Junta de Castilla y León pide a los Grupos Parlamentarios del Congreso con visión de los intereses generales de España que rectifiquen también.
- No se comprende la falta de apoyo al Ministerio en su propósito de endurecer con todas las garantías legales las actuales condiciones para el cierre de las Centrales.
- La Moción aprobada el pasado 24 de octubre es un ataque frontal a los intereses de España, y de las zonas que viven de la minería del carbón y las Centrales térmicas. Su propuesta de exigir a la Comisión que impida de forma inmediata los pagos por capacidad a las Centrales que superen los 550 gr. de CO2 por KWh generado (lo que afectaría a todas las de carbón y a las antiguas de gas) no tiene
sentido cuando la propia Comisión está planteando una moratoria por 10 años para las Centrales actuales.

La Junta de Castilla y León pide al Ministerio que mantenga su línea actual, pese al adverso escenario, y la refuerce con otras decisiones: cuenta con todo nuestro apoyo.
- Además de endurecer las condiciones de cierre, debe incentivar la compra de carbón autóctono por las Centrales térmicas. Por razones estratégicas, socioeconómicas, y jurídicas y políticas (compromiso del Estado en el Marco de Actuación para la Minería).
- A este respecto, Castilla y León defiende que se regule un «despacho preferente» para el carbón autóctono, como permite la Directiva UE del Mercado Interior de la Electricidad, acompañado de la «compensación por servicio público» que corresponda. Esto es: que las Centrales que quemen carbón autóctono tengan prioridad en la producción de electricidad frente a las que lo quemen de importación o a las que quemen otros combustibles fósiles. Y que, cuando los precios de mercado de la electricidad no cubran los costes de esas Centrales, se les compense por la diferencia, ya que estarían prestando un servicio público a favor del sistema energético nacional. Una fórmula que ya estuvo vigente en España entre 2011 y 2014, y lo está hoy en países como Eslovenia y Eslovaquia.
- También sería razonable revitalizar las investigaciones de la CIUDEN en torno a tecnologías limpias de carbón. Tal vez hoy no son rentables debido a lo barato que es comprar derechos de emisión, pero en un escenario de reducción de emisiones tienen todo el sentido.
- Por último, es preciso hacer un gran esfuerzo didáctico para trasladar todos estos razonamientos a la opinión pública, haciéndolos siempre plenamente coherentes con el objetivo prioritario de lucha contra el cambio climático.