La Junta, los grupos parlamentarios de PP y PSOE en las Cortes y otras 20 organizaciones piden la continuidad de la térmica de Velilla

Una amplia mayoría de miembros del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León ha aprobado un documento de apoyo al carbón y a la continuidad de las centrales térmicas de la comunidad autónoma, entre ellas la de Velilla del Río Carrión. En este grupo se encuentran la Junta de Castilla y León y los Grupos Parlamentarios del PP y PSOE, pero también Cecale, CCOO, UGT, Diputación Provincial de León, Diputación Provincial de Palencia, Acom, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Consejo Comarcal de El Bierzo, Comisionada del Plan, Carbunión y Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León. El texto consta de los siguientes cuatro puntos:

1. Las cuatro explotaciones mineras de carbón operativas en la actualidad en Castilla y León (minas de interior 'Salgueiro' y 'La Escondida', y minas a cielo abierto 'Gran Corta de Fabero' y 'Corta Pastora') son explotaciones competitivas, que operan en el libre mercado, y tienen contratos en vigor con las centrales térmicas de Compostilla, La Robla y Soto de La Ribera, a las que suministran los tonelajes de carbón acordados a precios inferiores al precio internacional del carbón. Tratándose de carbón autóctono competitivo, que proporciona seguridad de abastecimiento energético, así como estabilidad en el precio frente a los combustibles fósiles importados, debe darse la transición por hecha en cuanto a reducción de la producción nacional de carbón, pero manteniendo como reserva estratégica la producción de estas cuatro minas. La Decisión 2010/787/UE, en su artículo 3, apartado 3, indica: "Si las unidades de producción a las cuales se conceden las ayudas de conformidad con el apartado 1 no están cerradas en la fecha fijada en el plan de cierre autorizado por la Comisión, el Estado miembro interesado recuperará todas las ayudas concedidas correspondientes a todo el período cubierto por el plan de cierre". Por lo tanto, el Gobierno español, por razones estratégicas, tendría que establecer un procedimiento de devolución de las ayudas que permita la continuidad de las explotaciones citadas. Adicionalmente, se están tramitando expedientes para nuevas explotaciones de carbón tanto en Palencia como en León. Si estas explotaciones fuesen competitivas en el mercado libre, el Gobierno debe analizar la posibilidad de eliminar barreras para su puesta en marcha, como es la obligación de devolver ayudas que se pagaron a anteriores explotadores en los mismos yacimientos mineros.
2. Los grupos térmicos de carbón operativos en Castilla y León son ocho en la actualidad, repartidos entre las centrales térmicas de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla del Río Carrión. La transición se ha iniciado puesto que existen solicitudes de autorización de cierre de Anllares y de los grupos 1 y 2 de Velilla. Sin embargo, la continuidad de las centrales térmicas es necesaria para que exista demanda hasta 2030 de las producciones estratégicas de las minas 'Escondida', 'Gran Corta de Fabero', 'Salgueiro' y de la corta 'Pastora', así como de las producciones procedentes del suroccidente asturiano que actualmente se suministran a la central térmica de Compostilla. Además, en la mayoría de las centrales se han ejecutado distintas inversiones que han reducido significativamente las emisiones de NOx, estando pendiente sólo una inversión adicional para cumplir holgadamente no sólo las exigencias de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (en adelante DEI), sino también los umbrales de emisión que entrarán en vigor posteriormente con la obligación de utilizar las mejores tecnologías disponibles, de acuerdo con el documento de referencia para las grandes instalaciones de combustión (Decisión de Ejecución (UE) 2017/1442 de la Comisión). A este respecto, debe añadirse que la central de Velilla también dispone de planta de desulfuración, y se ha invertido en ella para aproximarse a los umbrales de emisiones de NOx requeridos por la DEI, por lo que habría cabido esperar una decisión distinta de su propietario, en cuanto a la autorización de cierre que ha solicitado. Por lo tanto, el Gobierno español debería, por razones estratégicas, instar a las empresas eléctricas propietarias de las centrales térmicas de carbón de Castilla y León a que acometan las inversiones pendientes para su continuidad hasta 2030. Igualmente, el Gobierno debe modificar los criterios de autorización del cierre de instalaciones de generación, de modo que puedan impedirse cierres como el de la Central de Velilla, que sólo buscan el beneficio económico de su propietario, por el incremento del precio marginal del mercado que conlleva dicho cierre.
3. Dentro de la propuesta legislativa de la Comisión Europea conocida como Paquete de Invierno, se incluye la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para el mercado interior de la electricidad (COM (2016) 861). En ella, el artículo 23 (principios de diseño para los mecanismos de capacidad), en su punto 4, establecía inicialmente que las actuales instalaciones de generación no podrían acceder a los mecanismos de capacidad en un plazo de cinco años desde que se apruebe esta regulación, si se sobrepasan unas emisiones de 550 gramos CO2/kWh generado. Esa propuesta, que se estima entre en vigor en el año 2020, hubiera llevado al cierre en 2025 de todas las instalaciones de generación con emisiones superiores a las señaladas que operan como respaldo de las renovables. Sin embargo, el Consejo Europeo, en su reunión de 18 de diciembre de 2017, modificó posteriormente esa propuesta, estableciendo en el año 2030 el fin de los pagos por capacidad a las centrales que emitan más de 550 gramos CO2/kWh generado. El Gobierno debería alinearse con lo decidido en el marco europeo y llevar el posible objetivo de fin de la generación térmica con carbón a 2030.
4. En la reunión de 12 de julio de 2018 de la Plataforma Europea de Regiones Carboneras en Transición, la Comisión Europea, en cuanto a los Planes Nacionales de Transición Energética que deben presentarse por cada Estado Miembro antes de final de 2018, estableció una serie de cuestiones a considerar en su redacción: a. El Gobierno debe consultar a los territorios afectados, en el caso de España a las Comunidades Autónomas, y tener en cuenta su opinión. b. El Plan debe ser flexible, y en el caso de los Estados Miembros con producción de carbón, debe reflejar cómo se va a modular la transición, si se va a mantener o no cierta producción de carbón, y qué medidas va a poner en vigor cada Estado Miembro para asegurar una transición justa. c. El Plan debe recoger el impacto social en términos de empleo de los cierres de minas y centrales que se planteen, y las políticas de creación de empleos alternativos. d. La transición no puede hacerse liquidando primero el tejido productivo existente, sino que debe ser paulatina y ajustada a la implementación de las medidas que vayan creando nueva actividad económica y empleo, que supongan una verdadera dinamización en todos los municipios mineros. e. La Comisión tiene muy presente los objetivos climáticos, pero quiere una transición justa con la que estén de acuerdo los habitantes de los municipios mineros. f. La Comisión no exige cierres de minas ni de térmicas en ninguna fecha concreta, más allá de normas de obligado cumplimiento como la Decisión 787 o la DEI. Cada Estado Miembro tiene que adaptar el Plan a su realidad. Por lo tanto, el Gobierno español debe diseñar una transición adecuada y razonable, satisfactoria para las Comunidades Autónomas y para los municipios mineros, contribuir económicamente en los planes de dinamización de los mismos, proponiendo estrategias y proyectos a desarrollar para revitalizar los territorios en transición para adaptarse a las nuevas circunstancias y, en el caso de Castilla y León, fortalecer el proyecto de la CIUDEN. Asimismo, la Administración del Estado debería formalizar cuanto antes su incorporación de pleno derecho al Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León, para contribuir de manera efectiva al cumplimiento de sus objetivos. También es preciso crear un escenario de estabilidad de contratos de suministro entre eléctricas y mineras, que aporte horizontes claros de planificación minera. El instrumento a utilizar con ese objetivo sería establecer una nueva obligación de servicio público, similar a la ligada al RD 134/2010, tal y como permite el actual artículo 15.4 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. En este sentido, el Gobierno español debe defender, en cuanto a la propuesta de la Comisión, contenida en el denominado Paquete de Invierno, de nueva Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2016) 864), sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, la no eliminación del actual artículo 15.4 de la Directiva 2009/72/CE, que permite disponer de un despacho preferente para las plantas de generación que utilicen como fuente de energía primaria combustibles fósiles autóctonos, hasta un máximo del 15% de la demanda de electricidad en media anual. En lugar de su eliminación, el Gobierno español ha de proponer que se proceda a reducir sustancialmente el límite para el despacho preferente de las centrales que utilicen combustibles fósiles autóctonos, desde el 15% actual al 5% que es necesario y suficiente para España.