Header Ads

El supuesto amaño de las obras de la Variante de Guardo se salda sin condenados


No es que no hubiera delito, es que no hay pruebas suficientes para confirmarlo. La Audiencia de Valladolid ha ratificado la sentencia absolutoria de los cuatro procesados, dos de ellos funcionarios de la Consejería de Fomento y los administradores de las empresas Eipsa y Civil 4, que fueron acusados de haber “preparado” y “concertado” el concurso público para adjudicar la dirección facultativa de la variante de Guardo. Desestima así el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y, en consecuencia, confirma íntegramente el fallo absolutorio anterior dictado en septiembre de 2018 por el Juzgado de lo Penal número 2.

Aquella sentencia fundamentaba la absolución en que la prueba practicada “no ha acreditado que los acusados se concertaran para preparar, con carácter previo, los pliegos de cláusulas de dicho contrato a fin de asegurar que la adjudicación correspondiera a la UTE referida, ni consta acreditado que los funcionarios citados facilitaran a los miembros de la UTE información tendente a asegurar la adjudicación”. La sentencia precisaba que la relación a lo largo del mes de diciembre de 2010 entre los acusados no consta probado que tuviera por objeto acordar el pliego de prescripciones técnicas particulares y el de cláusulas administrativas que estaba preparando la ingeniero de caminos de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento.

Los problemas administrativos y judiciales y la falta de recursos con la llegada de la crisis mantiene paralizado desde hace años este proyecto. El Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León confirmó en su visita a Guardo hace unas semanas que lo que falta de la fallida Variante de Guardo se licitará en 2019 y se hará en dos fases. Es más, ha asegurado que la Junta llegará hasta donde no llegue el Ministerio. Es decir, financiará lo que no pueda aportar el Gobierno central.

Llamadas y regalos
Aunque la Unidad de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF), a lo largo de su investigación, comprobó que la ingeniero había recibido sendos paquetes de Civil 4 los días 15 de diciembre de 2010 y el 22 de noviembre de 2011, consistentes en un jamón y dos botellas de vino, el fallo del juez incidía en que “dichos envíos eran una práctica habitual de esta empresa, a modo de regalos navideños, que tuvo lugar con varios funcionarios y particulares sin que, al margen de la valoración que pueda merecer dicha conducta, pueda vincularse en modo alguno dicho envío a la adjudicación del presente contrato”.

Durante el juicio, Fiscalía de Valladolid consideró que existía “prueba indiciaria” de que dicho concurso había sido amañado. Por ello, había acordado mantener invariable su petición de condena para los dos funcionarios y los administradores de Eipsa y Civil 4. Cada uno se enfrentaba a año y ocho meses de cárcel. “Hubo manejo de información privilegiada y concierto para defraudar a la administración pública, con vulneración de los principios de transparencia y libre concurrencia”, apuntaba el Ministerio Público en su informe, aunque la Justicia, sin negarlo, no lo considera suficientemente privado.

No hay comentarios

Con la tecnología de Blogger.